"Un plebiscito que había sido descalificado por los sistemas de justicia ordinaria y electoral, fue el ingrediente rancio que Zelaya trató de infiltrar en su guisado para conformar una asamblea constituyente para que ésta, a su vez, modificara la constitución del país y le permitiera poder reelegirse indefinidamente".   

Historia: Luis F. Sarmiento
El Semanario

  La historia contemporánea de América Latina ha estado plagada de gobiernos autócratas que en su mayoría han estado vinculados -de una u otra manera- a la política exterior de los Estados Unidos. "No queremos regresar a tiempos de oscuro pasado", ha declarado el presidente Obama, en alusión a las extensas décadas de gobiernos dictatoriales castrenses y civiles (o cívico-militares) que han azotado la región durante buena parte del siglo pasado.
  Sin embargo, una lectura entre líneas de lo dicho por el mandatario podría sugerir que el fantasma de la turbia política estadounidense para América Latina podría estar rondando (o perturbando) nuevamente por los pasillos de la Casa Blanca y la mente del supremo Jefe de Estado. Por motivos de espacio mencionaremos solamente unos cuantos de los más "representativos" gobernantes latinoamericanos autoritarios que han ejercido el poder con el visto bueno de Washington, sin que ello signifique que el tema no merezca un profundo análisis posterior: Rafael Trujillo en la República Dominicana, François Duvalier en Haití, Anastasio Somoza en Nicaragua, Fulgencio Batista en Cuba, Alfredo Stroessner en Paraguay, Omar Torrijos en Panamá, Augusto Pinochet en Chile, las distintas juntas militares en Argentina y Uruguay durante los años 70, etc.
  La desestabilización de gobiernos contrarios a las voluntades hegemónicas de los Estados Unidos ha sido una tarea que anteriormente estuvo encomendada a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), labor que recientemente, en plena era de globalización democrática, ha sido rediseñada y asignada a los programas de asistencia articulados por la Agencia de Cooperación Estadounidense (USAID, por sus siglas en inglés).
  Cabe anotar que no es la intención del presente artículo denunciar que el caso concreto por el que atraviesa la República de Honduras sea una versión remozada de la misma película, tan solo con una sutil variación del guión y los actores (no disponemos de las pruebas necesarias para realizar tal aseveración), pero consideramos que es ciertamente prudente refrescar la memoria colectiva y mantener los sentidos en condición de alerta dados los antecedentes históricos de una nación cuyos intereses en la región la podrían ubicar entre los "presuntos implicados". Después de todo, el carácter fiscalizador de la labor periodística nos brinda la autoridad moral para hacer lo propio.
  El hoy ex-presidente hondureño Manuel Zelaya fue destituido de su cargo por la fuerza de las botas militares y por encargo del Congreso Nacional. Sus intenciones de perpetuarse en el poder por medios no muy transparentemente democráticos le costaron cara su osadía.
  Un plebiscito (o consulta popular) que había sido descalificado por los sistemas de justicia ordinaria y electoral tales como el Ministerio Público, el Parlamento, la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría General, fue el ingrediente rancio que Zelaya trató de infiltrar en su guisado para conformar una asamblea constituyente para que ésta, a su vez, modificara la constitución del país y le permitiera reelegirse indefinidamente.
  El camino de la ruta reeleccionista parece que hubiera pretendido ser allanado previamente por la receta del gobierno de Hugo Chávez, cuyo proyecto político siguió exactamente los mismos pasos. Dicha receta ya ha tratado de ser copiada e implementada por otras naciones del hemisferio, como es el caso de Bolivia. Allí el presidente Evo Morales no logró obtener el deseado respaldo popular en el referéndum que convocó en enero de este año, y tranquilamente le bajó el fuego a su fogón para seguir ejerciendo el poder sin hablar de mandatos sucesivos en su gestión. Al menos por el momento.
  La corriente "libertadora" del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), una propuesta de integración enfocada para los países de América Latina y el Caribe que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social con base en doctrinas de izquierda, de la que gobiernos como Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, y la propia Honduras forman parte, ha respaldado contundentemente a Zelaya exigiendo su inmediata restitución. Mientras tanto la comunidad internacional viene haciendo lo propio, claro que en un lenguaje mucho más diplomático y moderado pero igual de concluyente.
  Diversos organismos multilaterales como la OEA y la ONU también se han pronunciado en favor del restablecimiento del orden constitucional en la nación centroamericana. Al cierre de la presente edición la Organización de Estados Americanos dio un ultimátum al gobierno interino de Roberto Michelleti (quien fuera presidente del parlamento hondureño hasta el domingo 28 de junio) para que entregue el mando constitucional nuevamente a Zelaya, con el agravante de que si no lo hace en el término de 72 horas -plazo que se cumple el sábado 4 de julio- el país será suspendido del órgano.
  Zelaya tenía previsto retornar a Tegucigalpa el jueves 2, sin embargo ha decidido posponer su viaje para no interferir con las gestiones de la OEA.
Entretanto el país se encuentra políticamente dividido, como es natural en este tipo de situaciones, mientras que los mandos militares y policiales están haciendo lo posible por mantener el orden civil sin pérdidas humanas que lamentar, hechos que por ahora -y afortunadamente- no han sido reportados.